* El dinero del pueblo
no es para hacer negocios personales, ni debe ser objeto de despilfarro:
Diputado Carlos García.
Para reformar diversos ordenamientos de la legislación
estatal, en materia de disciplina financiera, el Congreso del Estado, aprobó
una Iniciativa en aras de contar en Tamaulipas con los instrumentos legales que
permitan evitar endeudamientos públicos, así como el gasto de recursos en
proyectos inviables e intrascendentes para el interés social.
El Diputado Carlos Alberto García González, destacó que con
estas modificaciones se habrá de realizar un ejercicio del gasto público
responsable y prudente, “por qué el dinero del pueblo no es para hacer negocios
personales, ni debe ser objeto de despilfarro, por el contrario, debe
utilizarse estrictamente para el bienestar de la sociedad y de eso se tratan
estas reformas precisamente”.
| La actual Legislatura de Tamaulipas, aprobó la Iniciativa que reforma diversos ordenamientos locales, en materia de disciplina financiera. |
Dijo que con esta iniciativa se generarán financiamientos
públicos que impulsen aquellos proyectos que reclama la ciudadanía y que con
seguridad serán los más productivos y de mayor beneficio para el crecimiento
económico, acabando así con los excesos y la falta de control que ha
prevalecido en muchas administraciones estatales y municipales.
Al desahogar las actividades de este martes, se aprobó la
acción legislativa, que contempla reformas a la Ley Orgánica de la Administración
Pública, sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, de
Fiscalización y Rendición de Cuentas, de Gasto Publico, de Coordinación
Fiscal.
También, a la Ley de Asociaciones Público-Privadas en
Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado, de Responsabilidades de
los Servidores Públicos de la entidad y al Código Municipal local.
El documento de Iniciativa, señala que con la modificación
de estas leyes, en esta segunda fase de homologación, se fortalecerá la transparencia
y rendición de cuentas, se fomentarán mejores condiciones en la contratación de
deuda pública.
Se obligará al Estado y municipios a inscribir y
publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro
público único, donde sea posible conocer al acreedor, monto, tasa de interés,
plazo, y tipo de garantía o fuente de pago, lo cual incrementaría la
transparencia de la totalidad de la deuda y no sólo de la deuda a corto
plazo como se realiza.

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